Debate electoral 4-N: ¿y la Justicia, para cuándo?

El pasado lunes 4 de noviembre tuvo lugar la retransmisión del único debate electoral en el que participarán los candidatos a la Presidencia del Gobierno que concurrirán a las elecciones del próximo domingo. Según los datos facilitados por las distintas cadenas de televisión fue visionado por casi 9.000.000 de personas, el acontecimiento prometía propiciar el cambio en la intención de voto de un porcentaje nada desdeñable de españoles; sin embargo, las encuestas posteriores han desmentido este hecho.

A través de este encuentro, los aspirantes han tenido la oportunidad de esclarecer cuáles serán sus respectivas líneas de actuación -con mejor o peor resultado- en el hipotético caso de que los partidos políticos que presiden resulten elegidos por los electores para conformar la composición de las Cámaras.

De izquierda a derecha: Pablo Casado (PP), Pedro Sánchez (PSOE), Santiago Abascal (VOX), Pablo Iglesias (Unidas Podemos), y Albert Rivera (Ciudadanos).
Imagen publicada por rtve.es

A pesar de los cinco bloques temáticos en los que se ha dividido el tiempo del debate (cohesión de España, política económica, política social e igualdad, calidad democrática y política internacional), los temas que han tomado mayor protagonismo -como era de esperar, teniendo en cuenta los acontecimientos acaecidos en los últimos tiempos- han sido los disturbios protagonizados por grupos de independentistas radicales en Cataluña, y la exhumación de Francisco Franco.

No obstante lo anterior, y sin restar importancia a sucesos que la tienen por su propia naturaleza y significación, entiendo que no se le ha dedicado el tiempo pertinente a materias como la educación o la sanidad, elementos fundamentales de un Estado del bienestar como el nuestro. Y, atendiendo a ello, ¿en qué bloque temático han debatido los candidatos sobre Justicia?

En efecto, dejando de lado alguna que otra referencia a la pretensión de modificar alguna norma vigente (recordemos el anuncio efectuado por Pedro Sánchez en el que manifestó su deseo de incluir un nuevo delito en el Código Penal para castigar la celebración de referéndums de autodeterminación si es investido Presidente del Gobierno después de las elecciones), de aplicar otras (tal y como ha solicitado Pablo Casado respecto de la Ley 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, que entiende de aplicación necesaria en Cataluña) o la alusión a estadísticas sobre denuncias falsas (efectuada por el líder de VOX respecto a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género), no ha existido una discusión real en materia de Justicia entre los aspirantes.

Resulta pertinente hacer mención al hecho -por nadie desconocido- de que uno de los Poderes resultantes de la separación teorizada por Montesquieu, y que caracteriza a un sistema político como el español, es el “Judicial”. La consecuencia de su consagración en el Título VI de la Constitución es que se le confieren potestades, derechos y deberes que hacen de él uno de los pilares fundamentales de un Estado democrático. No obstante, debemos entender la “Justicia” no sólo como una organización jerarquizada de Juzgados y Tribunales, sino como un conjunto de agentes u organización en el que todos sus actores (abogados, procuradores, letrados de la Administración de Justicia, oficiales, etc) proceden de manera sincronizada para garantizar que los derechos del justiciable no resulten vulnerados.

Si bien es cierto que no podemos obviar la importancia que reviste la elaboración de las normas y su adecuada aplicación al caso concreto, tampoco podemos eludir hacer referencia a la necesidad de acercar no sólo la creación de dichas normas, sino también el fundamento de esa generación, a la ciudadanía que permanece ajena al mundo jurídico; recordemos que todo ha sido creado gracias al Derecho a través de la figura del legislador, que todo gira en torno a él, y que, en última instancia, todos debemos conocer las normas que tenemos la obligación de cumplir.

Por todo ello -tanto el “olvido” de la Justicia en el debate, como su centralización en hechos recientes y polémicos de cara a la campaña electoral- parece responder a lo que se ha acertado en denominar finalidades “electoralistas”, esto es, a la necesidad de los partidos políticos de atesorar votos el próximo domingo. Sin ánimo de restar envergadura a dicha pretensión, habida cuenta el apremio por formar un Gobierno, no es menos cierto que el objetivo principal de un bloque como el de “política social” es la discusión de las principales contingencias existentes en esta materia, entre las que se encuentra el orden social, que pasa por la regulación de la realidad y aplicación de la Ley.

Atención a este extremo ha prestado el Consejo General de la Abogacía Española, que el pasado día 30 de octubre celebró en su propia sede un debate en el que participaron representantes de los principales partidos políticos, y en el que expusieron sus principales propuestas en materia de Justicia. Entre ellas, destacaron la elaboración de una Ley Orgánica del Derecho de Defensa (PSOE, PP y Unidas Podemos); la revisión de los criterios de acceso de los ciudadanos al Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita y de los baremos que cobran los abogados del Turno de Oficio (PP); la armonización nacional de estos baremos y la mejora de la accesibilidad a la plataforma LexNet (Ciudadanos); el aumento de la partida presupuestaria destinada a Justicia gratuita y la modificación de la Ley de Acceso a la Abogacía (VOX); y la uniformización de criterios de actuación en las oficinas judiciales y la equiparación de la retribución de los abogados de Oficio a los criterios de honorarios de los Colegios (Más País).

No obstante, en mi opinión sigue siendo necesario que en un debate de la talla del emitido el 4-N esta cuestión constituya para nuestros representantes un foco de inexorable atención en el que efectuar un análisis, al menos -y sin que el tiempo sea óbice para ello-, de los motivos por los que proponen la introducción de elementos o la modificación de la normativa vigente, y de las mejoras en Justicia que entienden de consecución necesaria para su correcto funcionamiento.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios .

A %d blogueros les gusta esto:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close