La debacle sin resolver del acoso escolar

Hace apenas unos días volví a leer con pesar una noticia, esta vez en el diario El País, en la que ciertas víctimas de acoso escolar que sufren algún tipo de discapacidad exponían su experiencia y las consecuencias de ese acoso, que, en algunos de ellos, se habían materializado en autolesiones.

Es alarmante la cantidad de ocasiones en las que los medios de comunicación hacen públicos nuevos casos de acoso escolar, de los que habitualmente sólo trascienden los más graves, entendiéndose por tales los supuestos en los que el menor es hospitalizado o, en último término, se ha suicidado. No debemos incurrir en el error de restarle importancia: se trata de una lacra social que lleva formando parte de la convivencia escolar desde los orígenes de la escuela, y sobre la que todavía existe el mito consistente en que “son cosas de niños”.

Nuestro Alto Tribunal ha declarado en numerosas ocasiones que el término “acoso escolar” o bullying, en la extendida terminología anglosajona, hace referencia al trato degradante y reiterado que un alumno o un grupo de alumnos dispensa a otro/s en el ámbito educativo con el objetivo de “crear en la víctima un sentimiento de terror, de angustia, y de inferioridad o humillación”; en definitiva, el fin último de tales comportamientos es menoscabar la integridad moral de las víctimas.

No obstante, el citado trato degradante no sólo puede producirse en persona, sino que la facilidad de acceso a Internet y a todos los recursos de los que se encuentra dotado de los que gozamos en la actualidad ha facilitado el nacimiento o continuidad del mismo mediante lo que se ha acertado en denominar ciberacoso, así como a modalidades de acoso escolar específicas como el sexting, el stalking o la sextortion. Asimismo, este maltrato puede ser físico y psicológico, y presentarse en forma activa o pasiva.

A pesar de la gravedad y la frecuencia en el acaecimiento de estos comportamientos en el ámbito escolar, este problema social aún no ha sido objeto de regulación específica en nuestro país; por ello, con ocasión de esta ausencia de normativa especial, debemos acudir a las normas de Derecho Internacional y a normas nacionales que hacen referencia al bien jurídico protegido en cuestión. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas ha establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 que el citado bien es la dignidad humana; y en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 ha declarado la necesidad de proteger a la infancia de toda clase de maltrato.

En lo que respecta al ordenamiento jurídico español, nuestra Norma Suprema eleva el respeto a la dignidad de las personas y el derecho al libre desarrollo de la personalidad consagrados en su artículo 10.1 a la categoría de derechos fundamentales, que deben observarse en este estudio desde la perspectiva del derecho a la educación del artículo 27, y, por ende, desde la protección que se debe dispensar a los menores para que puedan desarrollar su personalidad.

En mi opinión, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema a la infancia y a la adolescencia, el mayor déficit en la actual regulación del acoso escolar se encuentra en el deber de los centros educativos de elaborar un Plan de Convivencia dentro del marco regulador que haya establecido la Comunidad Autónoma correspondiente.

La realidad y la práctica nos demuestran que en la mayoría de ocasiones los citados marcos normativos son pobres social y jurídicamente hablando, lo que ocasiona que las medidas elaboradas por muchos centros educativos sean insuficientes para erradicar estos comportamientos, habida cuenta que habitualmente las medidas adoptadas son la sanción impuesta al victimario consistente en la expulsión, que puede dar lugar al temido “efecto rebote”, es decir, la vuelta del reprendido a las andadas; o el cambio de centro educativo de la víctima.

En este sentido, parafraseando a Nelson Mandela cuando manifestó que “la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”, entiendo que más que sancionar al victimario debemos educar al alumnado en los valores de igualdad y de respeto al otro desde su primer contacto con las aulas para evitar este tipo de situaciones, así como ayudarles a solucionar los conflictos que puedan surgir como consecuencia de diferencias entre ellos.

Para cambiar el rumbo de las políticas existentes en materia de prevención y erradicación del acoso escolar el Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que a partir del próximo año pondrá en funcionamiento un proyecto pionero denominado “Acoso Escolar Cero”, en el que destacarán principalmente tres medidas: la implantación de un programa de mediación escolar; un programa de formación y sensibilización estructurado en un itinerario anual; y un programa de atención psicológica para víctimas, agresores y familias. A falta de su publicación para consulta de los ciudadanos, qué duda cabe de que, de implantarse de forma exitosa, conformará un antes y un después en cuanto a prevención de situaciones de acoso en las aulas, así como un precedente para que otros Consistorios y Autonomías sigan su ejemplo.

En definitiva, entiendo que, a excepción de la iniciativa orquestada por el Ayuntamiento de la Capital, no se debe descargar la resolución de un problema de tal magnitud para la infancia en los centros educativos, sino que se debe dotar a tal contingencia de una norma específica que prevea todos los supuestos de acoso escolar existentes y las posibles soluciones a aplicar atendiendo a la entidad y a la gravedad del caso concreto; además, se debe proporcionar a los gobiernos regionales y a los centros educativos los medios materiales y personales necesarios para poder aplicar las medidas establecidas.

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